La regidora del Ayuntamiento de Pachuca, Nadia Reyna Camacho, presentó un proyecto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo que acelere el ejercicio de la acción penal en las investigaciones contra exservidores públicos de la administración del exalcalde Sergio Édgar Baños Rubio, por presuntos delitos en el manejo de recursos públicos.
El exhorto fue presentado durante la Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria Pública del Cabildo y busca que las indagatorias avancen rápidamente en contra de Baños Rubio, la excontralora Gabriela Morales Ríos, el extesorero Omar Antonio Murbartian López y la exadministradora municipal Norma Yolanda Ibarra Baños. Se les investiga por posibles delitos de peculado, negociaciones indebidas, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio indebido del servicio público.
Reyna Camacho destacó que el exhorto no intenta interferir en la autonomía de la Fiscalía ni anticipar responsabilidades, sino más bien que las investigaciones, que iniciaron en 2025, avancen y concluyan conforme a la ley. “Lo que buscamos es que las investigaciones avancen y que, una vez agotadas todas las diligencias necesarias, se determine lo que en derecho corresponda”, afirmó.
La regidora subrayó que el combate a la corrupción ha sido una demanda constante de la ciudadanía, que espera resultados en lugar de solo discursos. Aclaró que mantener abiertas las investigaciones sin resolución alimenta la incertidumbre y desconfianza, por lo que es esencial que las autoridades actúen con celeridad e imparcialidad.
Las denuncias surgieron a raíz de la presunta contratación de personas en la Dirección Jurídica que, según se afirma, no desempeñaban funciones, a pesar de recibir salarios de entre 20 y 25 mil pesos mensuales. Además, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo detectó un daño patrimonial de 47 millones 354 mil 428.33 pesos en la Cuenta Pública 2024. Durante su intervención, Reyes Camacho concluyó que el combate a la corrupción debe centrarse en proteger el patrimonio público y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
