Regidores y síndicos de más de 60 municipios de Hidalgo han manifestado su oposición a la reforma que permitió modificar la fracción XV del artículo 141 de la Constitución estatal. Esta reforma, que habilita a los presidentes municipales a firmar contratos sin la previa autorización de los cabildos, necesitará la aprobación de al menos 43 de las 84 asambleas municipales para ser efectiva.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, respondió a las críticas señalando que es responsabilidad de los alcaldes el uso adecuado de los recursos, enfatizando que no se trata de un «cheque en blanco». El mandatario afirmó la necesidad de establecer un «equilibrio» y destacó que, en el marco de la legislación anterior, algunos regidores que no resultaron electos tenían intereses alternativos.
Menchaca comentó: «Creo que hay que equilibrar el margen de maniobra de los presidentes municipales y también asegurarse de que no sean sujetos a otros intereses. Lo más grave es desperdiciar los recursos. Habrá que ver si finalmente se concreta; los presidentes asumirán sus responsabilidades», expresó.
A raíz de la resistencia por parte de los municipios, se cuestionó al gobernador sobre la falta de socialización de la reforma por parte del Congreso. En respuesta, Menchaca reconoció que han surgido dificultades, pero subrayó que «estamos en una democracia».
Hasta la fecha, la reforma ha sido rechazada por los cabildos de Alfajayucan, San Salvador, Atitalaquia, Tezontepec de Aldama, Tula de Allende y Huasca. Sin embargo, también ha sido aprobada por los cabildos de Pachuca y Zempoala.