Álvaro Bardales Ramírez, Secretario de Contraloría de Hidalgo, informó que durante la actual administración se han iniciado 95 procedimientos por irregularidades en obras públicas. Durante la conferencia semanal del Gobierno de Hidalgo, advirtió que las empresas constructoras enfrentarán sanciones en caso de incumplir los contratos.
El titular de la Secretaría de Contraloría aclaró que esta acción forma parte de la vigilancia de la dependencia sobre los proyectos ejecutados tanto por el gobierno estatal como por los municipios. Bardales Ramírez detalló que 18 de estos casos corresponden específicamente a obras públicas, incluyendo ocho carreteras, tres tanques de almacenamiento de agua, tres redes eléctricas, un parque de diversiones, una planta de tratamiento, un pozo de agua y un hospital, así como otros proyectos.
El contralor explicó que existen consecuencias para las empresas constructoras cuando no cumplen con la calidad de las obras; sin embargo, subrayó que previamente se debe determinar si las deficiencias son atribuibles a la empresa o a factores ajenos, como condiciones climáticas adversas o errores en la planificación. “Sí, sí hay consecuencias cuando una constructora no cumple con la obra pública”, expresó.
Una vez concluida una obra, la Secretaría participa en la firma del acta de entrega-recepción junto con la empresa constructora, la dependencia ejecutora y las personas beneficiarias, lo que permite verificar que los trabajos se realizaron conforme al contrato. Bardales Ramírez reconoció que pueden surgir daños posteriormente, pero aseguró que si son atribuibles a la empresa constructora, la dependencia hará valer las garantías de cumplimiento durante hasta un año.
En Hidalgo, se ejecutan aproximadamente 3 mil 700 obras públicas cada año, de las cuales cerca de 3 mil corresponden a los 84 municipios y 700 al gobierno estatal. Todas estas obras están sujetas a la supervisión de la Contraloría, que cuenta con ingenieros, arquitectos y un laboratorio de control de calidad, además del apoyo de cerca de 30 mil ciudadanos organizados en comités de Contraloría Social para reportar posibles deficiencias en las obras.
