La diputada local Johana Montcerrat Hernández Pérez propuso añadir el artículo 202 quater al Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar a los servidores públicos que difundan, publiquen, comercialicen o compartan información relacionada con investigaciones de feminicidio. Esta iniciativa surge a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020 y la posterior difusión de fotografías de su cuerpo, un asunto que ha sido abordado en tres ocasiones previas durante la legislatura pasada.
La reforma propone que se considere delito de lesiones a la dignidad de las víctimas de violencia de género, el acto de un servidor público que, de manera indebida, comparta imágenes, videos, audios o datos periciales relacionados con la investigación de un feminicidio. Esto incluye la divulgación de detalles sobre las circunstancias de la muerte o lesiones de la víctima, la escena del crimen o cualquier elemento que permita su identificación.
Se propone que quienes cometan este delito enfrenten una pena de tres a seis años de prisión, además de una multa de entre 200 a 500 días. Adicionalmente, se prevé la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión pública del infractor, así como la inhabilitación para ocupar otros puestos en el servicio público por un periodo equivalente a la pena de prisión impuesta.
La iniciativa contempla un aumento de la pena hasta en un 50% si el material divulgado involucra a menores de edad, si afecta el debido proceso, causa revictimización a los familiares o provoca daño psicológico grave a estos. Según lo establecido en la propuesta, este delito se perseguirá de oficio y no admitirá el consentimiento del particular para su ejercicio.