La deuda pública de Hidalgo se redujo en un 42 por ciento durante los primeros cuatro años de la actual administración estatal. Sin embargo, el gobierno estatal tuvo que renunciar a la propiedad del terreno adquirido para la construcción de una refinería, ya que la liquidación de este compromiso financiero se realizó mediante recursos proporcionados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
María Esther Ramírez Vargas, secretaria de Hacienda de Hidalgo, expuso esta situación durante su comparecencia ante la LXVI Legislatura del Congreso local, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Detalló que al inicio de la administración la deuda era de tres mil 906 millones de pesos, y que hasta ahora se han liquidado anticipadamente mil 632 millones de pesos.
Aclaró que, aunque el terreno para la refinería se adquirió bajo un convenio con Pemex, actualmente la propiedad pertenece a la paraestatal. Sobre si esta operación constituye una pérdida patrimonial para Hidalgo, Ramírez Vargas indicó que el acuerdo estaba respaldado por el convenio mencionado.
La deuda pública estatal, en la actualidad, asciende a dos mil 274 millones de pesos, con tres créditos vigentes. El primero tiene un saldo aproximado de 100 millones de pesos, con vencimiento en diciembre de 2028. La secretaria evitó comprometerse a una liquidación anticipada, aunque aseguró que se evaluarán opciones conforme avance la administración.
Respecto a otros dos créditos, cuyos vencimientos son para 2030 y 2034, Ramírez Vargas descartó la posibilidad de cubrirlos de manera anticipada debido a los montos aún pendientes.
Durante la comparecencia, se abordó también el costo del Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), estimado en dos mil 900 millones de pesos. La funcionaria explicó que el contrato está realizado en modalidad de precio alzado, de modo que los contratistas asumirán los posibles incrementos en precios de materiales.
En relación al anteproyecto presupuestal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para el próximo ejercicio fiscal, que sobrepasa los mil millones de pesos, Ramírez Vargas subrayó que las solicitudes deberán estar justificadas técnica y financieramente.
Finalmente, se discutió la asignación de recursos para obras y programas sociales, resaltando que de un total de diez mil 200 millones de pesos, cinco mil 700 corresponden a recursos federales. De parte del estado, mil 600 millones están en ejecución y dos mil 100 millones se destinarán a programas sociales próximos a finalizar su entrega.
