La Contraloría identificó al menos 12 casos de funcionarios públicos que percibían un salario superior al del Gobernador del Estado.

Contraloría de Hidalgo revela irregularidades en los salarios de servidores públicos

El contralor del estado de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, anunció en una conferencia de prensa que se documentaron al menos 12 casos en los que las remuneraciones totales de algunos servidores públicos superaban el salario del gobernador. Durante su informe, mencionó que los municipios implicados incluyen Francisco I. Madero, Huejutla, Tasquillo, Calnali, Mineral de la Reforma, Progreso, Tizayuca, Tlaxcoapan, Ixmiquilpan, Actopan y Nicolás Flores.

Bardales resaltó la gravedad de estas anomalías, afirmando que algunos servidores ganaban incluso más que el presidente municipal, un diputado o un secretario. Señaló que en la revisión se identificaron circunstancias «prácticamente imposibles», como en un caso donde una persona supuestamente trabajaba en Tlahuiltepa e Ixmiquilpan, separados por más de cuatro horas de distancia. Otro expediente involucraba plazas en Atlapexco y Tepehuacán de Guerrero, con recorridos que superaban las tres horas.

De los 700 casos revisados por posible duplicidad de plazas y remuneraciones, solo 12 lograron obtener un dictamen de compatibilidad emitido por la Secretaría de la Contraloría, el cual justifica que ambos cargos pueden desempeñarse sin afectar horarios o responsabilidades. La mayoría de los casos aprobados corresponden a actividades complementarias realizadas en diferentes horarios, como maestros que trabajan en escuelas y posteriormente en ayuntamientos.

La Contraloría negó 110 solicitudes de regidores y siete de síndicos que solicitaron formalmente el dictamen de compatibilidad. Muchos de estos servidores regularizaron su situación mediante licencias sin goce de sueldo tras el inicio de las revisiones. Bardales también destacó que algunos servidores han intentado acciones legales contra la Contraloría, argumentando que las revisiones excedían sus atribuciones, aunque el Tribunal Estatal Electoral resolvió que no había vulneración a sus derechos político-electorales.

Actualmente, hay tres juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dos amparos promovidos por regidoras en juzgados federales, quienes aún perciben doble remuneración mientras se resuelven estos procesos. El contralor advirtió que, de perder estos juicios, deberán devolver los recursos obtenidos indebidamente y enfrentar sanciones económicas. La Secretaría de la Contraloría se encuentra a la espera de las declaraciones patrimoniales del mes de mayo para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas.