Integrantes de la familia Arenas Rodríguez denunciaron un aparente estancamiento en el proceso penal contra Juan Manuel Hinojosa Zamora, notario público titular de la Notaría Pública número 8 en Tulancingo. Hinojosa es señalado por posibles delitos en el ejercicio de su actividad profesional, relacionados con la autorización de un poder notarial que habría llevado a la pérdida de un inmueble valorado en 29 millones de pesos.
Durante una conferencia de prensa, los miembros de la familia explicaron que la carpeta de investigación se abrió en noviembre de 2024 en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, y posteriormente fue asignada a la Unidad Especial de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde actualmente permanece. La causa penal se registró en el Juzgado de Control de Tulancingo con el número 117/2026, ya que los incidentes ocurrieron en esa localidad. Según los denunciantes, la investigación se judicializó el 11 de marzo de 2026, cuando el Ministerio Público solicitó el inicio de la acción penal.
La audiencia inicial estaba programada para el 21 de abril de 2026, pero fue aplazada por solicitud del Ministerio Público, quien propuso reprogramarla para el 11 de junio del mismo año. Sin embargo, un día antes de esta audiencia, se solicitó nuevamente un aplazamiento argumentando que aún quedaban actos de investigación por realizar, según señaló el abogado de la familia. Los representantes legales manifestaron que las diligencias previamente necesarias ya se encuentran en la carpeta de investigación y cuestionaron la falta de una nueva fecha para la audiencia inicial.
El caso se originó a raíz de la supuesta elaboración de un poder notarial que permitió a una persona, actuando como apoderado legal de las víctimas, otorgar facultades a un tercero, aun cuando, según los denunciantes, el documento original no autorizaba tal acción. Además, se alegó que para este acto se utilizó un poder que había sido revocado años atrás, lo que permitió a un tercero reconocer un adeudo de aproximadamente 29 millones de pesos, impactando directamente el patrimonio de la familia.
La familia también solicitó una opinión técnica al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, el cual determinó que no era correcto que un apoderado diera facultades a un tercero en un caso donde no se especificaba esa posibilidad en el documento. Asimismo, la defensa del notario presentó un recurso para solicitar la no acción penal, lo que podría interrumpir el avance de la investigación sobre la afectación patrimonial.
Ante esta situación, los denunciantes pidieron a las autoridades que se garantice el debido proceso y que no existan irregularidades en el caso, que aún continúa bajo la operación de la Notaría número 8 de Tulancingo mientras esperan resoluciones judiciales.
