El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, respaldó la eliminación de autorizaciones duplicadas en las contrataciones municipales, advirtiendo que los recursos públicos no deberían estar sujetos a disputas políticas, intereses personales o incapacidad para alcanzar acuerdos.
Bardales destacó que si el presupuesto ya ha sido aprobado y se cumplen los requisitos legales para la contratación, solicitar nuevamente la autorización del Cabildo puede obstaculizar la ejecución de obras y acciones previamente aprobadas por el ayuntamiento. Esta discusión cobró fuerza el 15 de octubre, cuando Pachuca apoyó con 14 votos a favor y cinco en contra la reforma al artículo 141 de la Constitución estatal, a pesar de los cuestionamientos sobre sus implicaciones en los contrapesos municipales.
El contralor subrayó que la revisión del gasto es una obligación, pero advirtió que el uso de autorizaciones pendientes para obtener beneficios personales requiere investigación cuando haya evidencias. Constantemente, la Contraloría recibe quejas de presidentes municipales, contralores internos y tesoreros debido a la paralización de autorizaciones y la consiguiente inejecución del presupuesto, lo que impacta negativamente en las comunidades mediante obras retrasadas y necesidades insatisfechas.
Bardales afirmó que aprobar un presupuesto conlleva la responsabilidad de convertirlo en resultados tangibles, y que este no puede ser autorizado en papel y permanecer bloqueado en la práctica. En respuesta a críticas sobre la posible debilidad de la vigilancia, reiteró que la contratación pública tiene requisitos que deben cumplirse, como los procedimientos de obra y adquisiciones, la suficiencia presupuestaria y la fiscalización por parte de órganos internos de control y la ciudadanía.
Además, recordó que los recursos federales tienen plazos que, de no cumplirse, podrían resultar en la obligación de ser devueltos. Por lo tanto, es crucial analizar los resultados concretos de las contrataciones, los motivos de su congelamiento y las repercusiones de tales demoras. Bardales concluyó que es responsabilidad del Cabildo vigilar, de la administración ejecutar y de todos rendir cuentas, dejando claro que el presupuesto es del pueblo y no debe ser usado para beneficios particulares o ajustes de cuentas políticas.
