El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, envió al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para actualizar el marco jurídico estatal en temas como transparencia, protección de datos personales, control interno, simplificación administrativa y transformación digital.
Una de las propuestas clave es la modificación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo. Esta incluye la creación del organismo «Transparencia para el Pueblo de Hidalgo», el cual estará desconcentrado de la Secretaría de Contraloría. Además, se establecería el Subsistema de Transparencia del Estado de Hidalgo, que formará parte del Sistema Nacional y contaría con la participación de los órganos de control de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos y municipios.
La propuesta busca un nuevo enfoque hacia una transparencia con sentido social, priorizando la utilidad práctica de los datos para la población, con el objetivo de disminuir la asimetría de información y facilitar el acceso a servicios y trámites de interés público. Se contempla también un cambio en la terminología, pasando de «Gobierno Abierto» a «Apertura Institucional», centrando la atención en el diseño de servicios orientados a las personas, la digitalización y la participación social.
Además, el paquete incluye una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que reorganizará las autoridades a raíz de la eliminación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). La Secretaría de Contraloría asumirá la función de autoridad garante en este ámbito, mientras los Poderes Legislativo y Judicial, junto con otros organismos autónomos, designarán sus respectivas autoridades.
Las reformas también abarcan la Ley Orgánica de la Administración Pública para mejorar los mecanismos de control interno y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de la gestión pública. Por último, se busca simplificar procesos administrativos y avanzar en la digitalización a través de la Unidad de Planeación y Prospectiva, que jugaría un papel central en la implementación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. El proyecto tiene como objetivo fortalecer el Laboratorio de Políticas Públicas del Estado, impulsando la toma de decisiones basada en evidencia sin generar costos adicionales al presupuesto anual.
