El gobierno de Hidalgo y el Gobierno de México han puesto en marcha una estrategia coordinada para apoyar a las familias que sufrieron pérdidas o riesgos en sus viviendas debido a la vaguada monzónica de octubre de 2025. Durante una reciente conferencia de prensa, Julio Manuel Valera Piedra, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Hidalgo, explicó que se ha llevado a cabo un levantamiento conjunto de información para crear un padrón de 2,866 viviendas afectadas.
Después de la etapa de atención emergente, se inició una labor técnica que identificó las zonas en riesgo donde se requiere la relocalización de viviendas. Se identificaron 23 municipios prioritarios en las regiones de la Huasteca, la Sierra Alta, la Sierra Gorda y la zona Otomí-Tepehua. Para esta evaluación, se formaron brigadas compuestas por geólogos, topógrafos, ingenieros y personal de Protección Civil, quienes determinaron las áreas afectadas cumpliendo con las normativas vigentes.
Adicionalmente, los tres niveles de gobierno realizaron un levantamiento de cédulas para conocer las características de las viviendas y sus habitantes. Como resultado, se estima que alrededor de 2,390 de las 2,866 viviendas afectadas podrían ser elegibles para el programa de relocalización que anunció el gobierno federal, siempre que cumplan con los requisitos normativos.
Uno de los desafíos destacados por Valera Piedra es la búsqueda de terrenos seguros para la construcción de nuevas viviendas, especialmente en áreas montañosas donde los espacios planos son escasos. Por ello, se están explorando opciones de apoyo directo para las familias afectadas y la posibilidad de construir viviendas en terrenos propios fuera de las zonas de riesgo.
Se anticipa que en las próximas semanas se llevarán a cabo asambleas informativas para aquellos que ya tienen la notificación oficial de relocalización. Estas asambleas comenzarán la última semana de julio. Valera Piedra también reconoció el apoyo del gobernador Julio Menchaca Salazar y reiteró el compromiso del Gobierno de México de proporcionar atención cercana y continua a las familias afectadas.
