El proceso penal por el secuestro y homicidio de los agentes de investigación Paulino Castañeda Aguilar y Vicente Monroy Ballesteros se encuentra en la etapa intermedia y pronto avanzará a juicio oral, según informó el procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun.
Fernández Hasbun destacó que el procedimiento ha superado las fases iniciales y ahora se encuentra en la etapa previa al juicio, donde se definirán las pruebas que se presentarán ante el Tribunal de Enjuiciamiento. “Estamos en la etapa intermedia, recordemos que es una etapa que ya estamos por terminar y entraremos al juicio”, comentó el procurador.
Durante la entrevista, el funcionario respaldó la solicitud del Ministerio Público, que pidió una pena de 286 años de prisión para cada uno de los cuatro imputados, argumentando que la condena es proporcional a la gravedad de los hechos. “Vamos siempre, en todas las carpetas de investigación, buscando que nuestras víctimas queden satisfechas con las sentencias que se les imponen a las personas responsables”, aseguró.
La petición fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio Doloso de la PGJEH contra Víctor C.A., Alan Javier O.L., Rafael C.P. y Miriam R.F., quienes enfrentan cargos por el secuestro y asesinato de los agentes. El Ministerio Público solicitó más de 140 años de prisión por cada una de las dos víctimas, además de seis años adicionales por el delito de narcomenudeo en posesión con fines de suministro, lo que totaliza 286 años de cárcel para cada acusado.
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2025, cuando los agentes acudieron a un inmueble en la colonia La Loma, en Pachuca, para realizar una notificación judicial y fueron secuestrados. La acusación sostiene que los imputados los mantuvieron retenidos en el lugar, donde habrían sido agredidos físicamente y uno de los agentes sufrió lesiones con arma blanca.
Fernández Hasbun también informó que, a raíz de este caso y otros incidentes en Hidalgo, la Procuraduría ha reforzado los protocolos de seguridad para el personal operativo, solicitando la colaboración de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y más elementos de la Policía de Investigación en operativos de alto riesgo.
Sobre la situación actual de Patricia Moya, quien era la comandante y jefa directa de los agentes y fue separada del cargo tras los hechos, el procurador evitó comentar y afirmó que cualquier información relacionada con procedimientos administrativos corresponde a la Contraloría.
