La Agrupación Política Nacional «Que Siga la Democracia» ha expresado su preocupación por los procedimientos y retrasos que amenazan la certeza jurídica, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas. El presidente de la agrupación, Edgar Garza Ancira, rechazó categóricamente las acusaciones que sugieren la participación indebida de ministros de culto, señalando que no existen pruebas suficientes que sustenten tales afirmaciones.
Garza Ancira hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que actúen con imparcialidad y respeto a la voluntad de más de 300,000 ciudadanos que participaron en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos. Indicó que la acumulación de procedimientos sin resolución y la incertidumbre generada por investigaciones pendientes ponen en riesgo el proceso democrático.
El presidente de la agrupación destacó que la Sala Superior del Tribunal Electoral aún no ha resuelto la controversia sobre las afiliaciones duplicadas de MORENA y que esto impide avanzar en el registro de nuevos partidos, cuya aprobación está programada para el 25 de junio. Garza subrayó que es inaceptable que, a pocos días del plazo, persistan los obstáculos que generan incertidumbre.
Respecto a las acusaciones sobre ministros de culto, Garza Ancira enfatizó que no hay evidencia concreta que vincule a la Agrupación con violaciones electorales. Afirmó que las denuncias se basan en listados genéricos y carecen de especificidad en cuanto a las acciones de los señalados.
En cuanto a la fiscalización, Garza señaló que «Que Siga la Democracia» ha respondido a todas las observaciones de la autoridad electoral y ha presentado la documentación requerida para aclarar cualquier duda. Reiteró que es fundamental que la fiscalización se utilice para garantizar la transparencia y no para inventar faltas que puedan afectar los derechos políticos de los ciudadanos.
Finalmente, Garza Ancira instó a las autoridades electorales a actuar con objetividad y cumplir con los plazos legales, reafirmando el compromiso de su Agrupación de defender el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública del país.