La diputada Yarabi González Martínez ha presentado una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado de Hidalgo con el objetivo de endurecer las sanciones para conductores que causen muertes o lesiones en incidentes de tránsito al incurrir en comportamientos de alto riesgo. Esta propuesta incluye cambios al artículo 149, elevando las penas por homicidio culposo relacionado con la conducción de vehículos hasta en un 50% si el conductor está bajo los efectos del alcohol, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afecten sus capacidades.
De igual manera, se establecería una agravante cuando los conductores circulen por banquetas, zonas peatonales o ciclovías, superen los límites de velocidad permitidos o utilicen teléfonos y otros dispositivos de comunicación mientras están al volante. Actualmente, la legislación establece sanciones de entre cuatro y diez años de prisión para aquellos que causen la muerte de una persona al no ejercer el debido cuidado al conducir. Con la reforma, las penas podrían incrementarse en un 50% en casos donde se demuestren las agravantes mencionadas, además de imponer sanciones económicas más severas.
La iniciativa también plantea la suspensión de la licencia de conducir o la inhabilitación para obtenerla por un tiempo equivalente a la pena de prisión. La legisladora subrayó que esta reforma responde a las preocupaciones sobre la alta siniestralidad vial en Hidalgo y es necesaria para proteger a los usuarios más vulnerables de las vías públicas. Según datos presentados en la exposición de motivos, diariamente se reportan en el estado un promedio de 30 personas lesionadas en accidentes de tránsito. En 2025, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició 136 investigaciones por muertes vinculadas a vehículos motorizados, y en los meses recientes se han registrado más de 5 mil incidentes, con al menos 62 fallecimientos.
Adicionalmente, la iniciativa propone una reforma al artículo 161 del Código Penal para agravar hasta en un tercio las penas por abandono de personas en situación de desamparo, cuando las víctimas sean menores de 12 años, adultos mayores de 60 o personas con discapacidad. Estas modificaciones buscan reforzar la protección de la vida y la integridad física de la población, así como contribuir a cumplir con metas internacionales para la reducción de muertes y lesiones graves derivadas de incidentes de tránsito hacia el año 2030.
