La Profepa cierra varias obras de construcción y remoción de tierra en un terreno dentro del Parque Nacional El Chico.

Clausuran construcciones ilegales en el Parque Nacional El Chico

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado de manera total y temporal diversas construcciones y actividades de remoción de tierra en un predio ubicado dentro de la poligonal del Parque Nacional El Chico, en el municipio de Mineral del Chico, Hidalgo. Esta acción se llevó a cabo tras detectar que las obras carecían de las autorizaciones federales necesarias, lo cual ponía en riesgo el ecosistema de esta emblemática área natural protegida.

La intervención se realizó como parte de un seguimiento a las mesas de trabajo comunitarias y denuncias ciudadanas que alertaban sobre el incremento de construcciones irregulares y posibles invasiones en la zona boscosa del estado. Durante la inspección, el personal de Profepa constató una afectación total de 2,547 metros cuadrados en áreas de bosque de encino. Los inspectores observaron que en el lugar se erguía infraestructura comercial y habitacional sin un plan de sustentabilidad adecuado.

El proyecto inspeccionado no contaba con la autorización para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni con la evaluación de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Debido a esto, se colocaron sellos de clausura, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

El Parque Nacional El Chico es fundamental para los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca, ya que sus bosques regulan el clima regional y son esenciales para la captación de agua. La autorización de desarrollos urbanos ilegales en este pulmón verde representa una amenaza directa al suministro hídrico y la biodiversidad local.

La Profepa indicó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las sanciones económicas aplicables. Asimismo, el caso podría ser trasladado a las autoridades judiciales, dado que la legislación mexicana sanciona penalmente la remoción de vegetación en áreas protegidas.