RedacciónEje Informativo
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilita a Damián Canales Mena y Frida Martínez Zamora por 15 años para desempeñar cualquier cargo o comisión en el Servicio Público.
Inhabilitan a exfuncionarios de la extinta Policía Federal
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha dado a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha impuesto severas sanciones a dos exservidores públicos de la extinta Policía Federal. Las sanciones incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, además de multas económicas, a Frida Martínez Zamora y Damián Canales Mena, quienes también desempeñaron funciones en el gobierno de Hidalgo.
Según el comunicado emitido por la dependencia, las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Combate a la Impunidad identificaron faltas administrativas graves, que incluyen el desvío de más de 65 millones de dólares destinados a un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
Frida Martínez Zamora, quien fue secretaria general de la Policía Federal, enfrenta una inhabilitación de 20 años y deberá pagar una indemnización económica. Por su parte, Damián Canales Mena, extitular de la División de Inteligencia de la misma institución, ha sido sancionado con 15 años de inhabilitación y también deberá hacer frente a una indemnización económica. En total, las indemnizaciones económicas por estos casos superan los 65 millones de dólares.
Ambos exfuncionarios mantuvieron vínculos con el gobierno de Hidalgo. Damián Canales Mena se desempeñó como secretario de Seguridad Pública estatal bajo la administración de Francisco Olvera Ruiz, mientras que Frida Martínez Zamora ejerció funciones en la estructura de seguridad y procuración de justicia de la entidad.
El comunicado también indicó que las irregularidades han sido denunciadas penalmente y están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR). La Secretaría Anticorrupción aseguró su compromiso de actuar con firmeza para promover una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.
