Comienza a regir la reforma secundaria de la jornada laboral, que otorga a las empresas un plazo de siete meses para reducirla en dos horas.

Publicación de la reforma secundaria de jornada laboral

Este 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, fue publicada la reforma secundaria de la jornada laboral, marcando el inicio oficial del plazo para que las empresas se preparen para reducir su jornada de 48 a 46 horas semanales a partir de enero de 2027. La reforma entró en vigor tras su inclusión en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo un período de siete meses para que las empresas adapten sus operaciones y turnos al nuevo horario.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) armoniza la legislación con la Constitución en cuanto a los nuevos límites de la jornada laboral y la implementación gradual de la semana de 40 horas, así como el aumento paulatino del tiempo extraordinario. Además, prohíbe la disminución de sueldos y prestaciones durante la transición hacia la jornada de 40 horas, que se espera finalizar en 2030.

Entre los cambios propuestos, se encuentra la posibilidad de que la distribución de la jornada se acuerde entre empleadores y trabajadores, lo que podría beneficiar a quienes deseen aumentar sus ingresos mediante horas extra o, alternativamente, disfrutar de períodos de descanso más amplios. Asimismo, se modificó el concepto de la jornada diurna, donde las ocho horas se convierten en una referencia en lugar de un máximo, permitiendo flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo.

Registro electrónico de la jornada laboral

La publicación de la reforma también establece una nueva obligación para los empleadores: contar con un registro electrónico de la jornada laboral, similar a un reloj checador. Esta medida busca mejorar el control de horarios y la claridad en los pagos por tiempo extra, además de facilitar la supervisión por parte de las autoridades sobre el cumplimiento de los nuevos límites de la jornada laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será responsable de emitir las disposiciones necesarias para implementar el registro electrónico, que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2027. En caso de incumplimiento, la LFT establece multas que van de 29,327 a 586,550 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. La STPS también deberá desarrollar mecanismos para recopilar y evaluar datos sobre la reducción de la jornada laboral.